La “guerra civil” española, pues, no fue sino una manifestación más de esa “pedagogía del voto” capitalista que la recurrencia estadística ha acabado por asociar a América Latina. No está de más, por tanto, recordar algunos datos de todos conocidos.
En Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar produce 30,000 muertos y desaparecidos, como consecuencia del principio establecido en 1977 por el general de brigada Manuel Saint Jean, gobernador de Buenos Aires: “Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último, a los tímidos”.
En Chile, entre 1973 y 1988, Pinochet hace desaparecer al menos a 3197 personas y tortura a más de 35.000. Los propósitos “pedagógicos” del dictador, y los límites de la democracia restaurada por él mismo, fueron explícitamente expresados en una famosa declaración en vísperas de las elecciones de 1989: “Estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones, con tal de que no gane ninguna opción de izquierdas”.
En El Salvador, entre 1980 y 1991, la guerra civil ocasiona 75.000 muertos y desaparecidos.
Al régimen del general Strossner, que zapateó Paraguay entre 1954 y 1989, se le imputan alrededor de 11 mil desaparecidos y asesinados, además de centenares de presos políticos y exilios forzados.
Según el informe de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y el año 2000 el balance en Perú es de 70.000 muertos y 4.000 desaparecidos. El general Luis Cisneros Vizquerra, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declara en octubre de 1983: "Para que las Fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar a la subversión".
En Guatemala, entre 1960 y 1996 se registran 50.000 desaparecidos y 200.000 muertos, según la comisión de Esclarecimiento Histórico de 1999, que atribuye el 93% de las víctimas a los militares.
En Uruguay, entre Junio de 1973 a Febrero de 1985, uno de cada cinco ciudadanos pasó por las cárcel; uno de cada diez fue torturado; una quinta parte de la poblacion (unas 600.000 personas) se vio obligada a emigrar, cientos desaparecieron; otros sencillamente fueron asesinados.
En Haití, bajo la dinastía de los Duvalier entre 1957 y 1986, son asesinadas más de 200.000 personas, a las que hay que añadir las miles de víctimas del golpe de Estado de Raoul Cedras contra Aristide y las que se han producido en los dos últimos años tras el nuevo derrocamiento violento del presidente electo y antes de la victoria electoral de René Preval.
En Nicaragua, la dictadura de los Somoza produce al menos 50.000 muertos, a los que hay que sumar otras 38.000 víctimas mortales como consecuencia de la guerra de baja intensidad sostenida en la década de los 80, con el apoyo y financiamiento estadounidense, contra el gobierno democrático sandinista.
El caso de Colombia adquiere dimensiones casi dantescas. La magnitud del exterminio es tal que no hay cifras totales, ni siquiera aproximadas, para los últimos 40 años de “pedagogía del voto” capitalista. A partir de los años 80 se calcula en torno a los 20.000 muertos todos los años, 4.000 de ellos relacionados con la violencia política (lo que, extrapolando abusivamente los datos, daría un cómputo global de unos 200.000 muertos desde 1965). Sólo en los últimos años, las Asociaciones de Familiares Desaparecidos han denunciado 7.000 desapariciones; el número de desplazados internos en los últimos 20 años es de 3.500.000. Colombia registra el único caso conocido de un verdadero y sistemático “genocidio” político ejecutado contra una fuerza legal, la Unión Patriótica, 5.000 de cuyos miembros –diputados, senadores, afiliados- fueron asesinados en 10 años, haciendo ciertas las declaraciones de un miembro del ELN, según el cual en Colombia “es mucho más peligroso hacer política que luchar en la guerrilla”.
A los muertos de la “pedagogía del voto” capitalista en los países mencionados, habría que añadir las miles de víctimas en la República Dominicana, Honduras, Brasil, México, Bolivia o la propia Venezuela, ortopédicamente dirigida durante décadas por las dos tenazas del cangrejo adeco-copeyano y cuyo último episodio sangriento fue el llamado “caracazo” de 1989 con sus entre 400 y 2000 civiles asesinados, según las fuentes.
La “pedagogía del voto” capitalista, con sus millones de muertos, ha pretendido que los latinoamericanos supervivientes acudiesen a las urnas, cuando eso se les ha permitido, bajo la amenaza oligárquica de esta alternativa terrible: el voto o la vida. Pero precisamente Venezuela ha demostrado que se puede votar libremente y, del mismo modo que el miedo es contagioso, también lo es la audacia. Los latinoamericanos, a pesar de los muertos, los torturados y los desaparecidos, a pesar del desierto inducido en el que sólo crecen el olvido y el terror, ha perdido el miedo a votar incorrectamente. Es decir, democráticamente. La nueva democracia latinoamericana, como nos lo recuerdan las jornadas de abril del 2002 en Venezuela, expone a un peligro adicional a sus pueblos: cuanto más incorrectamente voten más recurrirán los EEUU (y sus aliados europeos) a “pedagogías” clásicas y extremas. Cuanto más aislados estén sus pueblos, más tentados se sentirán los EEUU (y sus aliados europeos) de recurrir a la violencia “educativa”. Por eso la defensa de Venezuela debe ser epidémica; es decir, bolivariana; es decir, depende del contagio irresistible de la audacia –que ya se anuncia- al mayor número de países, de manera que, como quería Bolívar, una vasta confederación latinoamericana sea capaz, mediante ALBAS o auroras, de disuadir de momento (a la espera del despertar de su propio pueblo) al imperialismo estadounidense y a las fuerzas que lo apoyan.
En Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar produce 30,000 muertos y desaparecidos, como consecuencia del principio establecido en 1977 por el general de brigada Manuel Saint Jean, gobernador de Buenos Aires: “Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último, a los tímidos”.
En Chile, entre 1973 y 1988, Pinochet hace desaparecer al menos a 3197 personas y tortura a más de 35.000. Los propósitos “pedagógicos” del dictador, y los límites de la democracia restaurada por él mismo, fueron explícitamente expresados en una famosa declaración en vísperas de las elecciones de 1989: “Estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones, con tal de que no gane ninguna opción de izquierdas”.
En El Salvador, entre 1980 y 1991, la guerra civil ocasiona 75.000 muertos y desaparecidos.
Al régimen del general Strossner, que zapateó Paraguay entre 1954 y 1989, se le imputan alrededor de 11 mil desaparecidos y asesinados, además de centenares de presos políticos y exilios forzados.
Según el informe de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y el año 2000 el balance en Perú es de 70.000 muertos y 4.000 desaparecidos. El general Luis Cisneros Vizquerra, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declara en octubre de 1983: "Para que las Fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar a la subversión".
En Guatemala, entre 1960 y 1996 se registran 50.000 desaparecidos y 200.000 muertos, según la comisión de Esclarecimiento Histórico de 1999, que atribuye el 93% de las víctimas a los militares.
En Uruguay, entre Junio de 1973 a Febrero de 1985, uno de cada cinco ciudadanos pasó por las cárcel; uno de cada diez fue torturado; una quinta parte de la poblacion (unas 600.000 personas) se vio obligada a emigrar, cientos desaparecieron; otros sencillamente fueron asesinados.
En Haití, bajo la dinastía de los Duvalier entre 1957 y 1986, son asesinadas más de 200.000 personas, a las que hay que añadir las miles de víctimas del golpe de Estado de Raoul Cedras contra Aristide y las que se han producido en los dos últimos años tras el nuevo derrocamiento violento del presidente electo y antes de la victoria electoral de René Preval.
En Nicaragua, la dictadura de los Somoza produce al menos 50.000 muertos, a los que hay que sumar otras 38.000 víctimas mortales como consecuencia de la guerra de baja intensidad sostenida en la década de los 80, con el apoyo y financiamiento estadounidense, contra el gobierno democrático sandinista.
El caso de Colombia adquiere dimensiones casi dantescas. La magnitud del exterminio es tal que no hay cifras totales, ni siquiera aproximadas, para los últimos 40 años de “pedagogía del voto” capitalista. A partir de los años 80 se calcula en torno a los 20.000 muertos todos los años, 4.000 de ellos relacionados con la violencia política (lo que, extrapolando abusivamente los datos, daría un cómputo global de unos 200.000 muertos desde 1965). Sólo en los últimos años, las Asociaciones de Familiares Desaparecidos han denunciado 7.000 desapariciones; el número de desplazados internos en los últimos 20 años es de 3.500.000. Colombia registra el único caso conocido de un verdadero y sistemático “genocidio” político ejecutado contra una fuerza legal, la Unión Patriótica, 5.000 de cuyos miembros –diputados, senadores, afiliados- fueron asesinados en 10 años, haciendo ciertas las declaraciones de un miembro del ELN, según el cual en Colombia “es mucho más peligroso hacer política que luchar en la guerrilla”.
A los muertos de la “pedagogía del voto” capitalista en los países mencionados, habría que añadir las miles de víctimas en la República Dominicana, Honduras, Brasil, México, Bolivia o la propia Venezuela, ortopédicamente dirigida durante décadas por las dos tenazas del cangrejo adeco-copeyano y cuyo último episodio sangriento fue el llamado “caracazo” de 1989 con sus entre 400 y 2000 civiles asesinados, según las fuentes.
La “pedagogía del voto” capitalista, con sus millones de muertos, ha pretendido que los latinoamericanos supervivientes acudiesen a las urnas, cuando eso se les ha permitido, bajo la amenaza oligárquica de esta alternativa terrible: el voto o la vida. Pero precisamente Venezuela ha demostrado que se puede votar libremente y, del mismo modo que el miedo es contagioso, también lo es la audacia. Los latinoamericanos, a pesar de los muertos, los torturados y los desaparecidos, a pesar del desierto inducido en el que sólo crecen el olvido y el terror, ha perdido el miedo a votar incorrectamente. Es decir, democráticamente. La nueva democracia latinoamericana, como nos lo recuerdan las jornadas de abril del 2002 en Venezuela, expone a un peligro adicional a sus pueblos: cuanto más incorrectamente voten más recurrirán los EEUU (y sus aliados europeos) a “pedagogías” clásicas y extremas. Cuanto más aislados estén sus pueblos, más tentados se sentirán los EEUU (y sus aliados europeos) de recurrir a la violencia “educativa”. Por eso la defensa de Venezuela debe ser epidémica; es decir, bolivariana; es decir, depende del contagio irresistible de la audacia –que ya se anuncia- al mayor número de países, de manera que, como quería Bolívar, una vasta confederación latinoamericana sea capaz, mediante ALBAS o auroras, de disuadir de momento (a la espera del despertar de su propio pueblo) al imperialismo estadounidense y a las fuerzas que lo apoyan.
Intervención en el encuentro de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad celebrado en Anzoátegui (Venezuela) en homenaje a la República española y Federico García lorca.
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